URGENCIA SOCIAL

Con la aprobación de la Constitución Española en el año 1978 se establece un nuevo marco jurídico de protección a la infancia. Se reconoce la obligación de los poderes públicos de asegurar la protección de la familia, especialmente la protección integral a los hijos (art 39.1 y 39.2 CE), se reconoce a los niños la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos (art 39.4 CE) y autoriza a las CCAA para asumir plenas competencias en materia social (art 148.1 CE).

Así, en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid se desarrolla esta competencia, exclusiva en materia de asistencia social (art 26.18 EA CAM), aprobándose la Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantía de los Derechos de la Infancia y la adolescencia en la Comunidad de Madrid.

En base a esta ley, la Comunidad de Madrid posee todo un abanico de asistencias e intervenciones relacionadas con la protección de los menores, ejerciendo medidas de protección como adopciones, acogimientos familiares, acogimientos residenciales, etc., además de desarrollar programas de apoyo y atención a la infancia, como los dirigidos a la atención de menores con discapacidad, a víctimas de abusos sexuales, programas I+I (Intervención Integral con menores en riesgo social, proyectos ADRIS e INDIS) o Dictamen de Situación de Urgencia Social de Menores, que es el que nos ocupa en esta ocasión.

Situación de Urgencia Social

Cuando hablamos de una situación de “Urgencia Social” nos estamos refiriendo a aquella situación excepcional o extraordinaria y puntual en la que las familias no son capaces de atender adecuadamente las necesidades básicas de sus pequeños, lo que puede afectar a la integridad y desarrollo de los mismos.

Hablamos de situaciones familiares críticas provocadas por episodios de maltratos, exclusión social, dependencia, crisis familiares u otra similares.

Es decir, situaciones de desprotección que afecta a una o varias personas, o incluso a un grupo familiar.

Estas situaciones requieren ser atendidas y frenadas mediante una acción inmediata de profesionales, poniéndose en marcha procedimientos para atender, con la mayor celeridad posible, las necesidades de los pequeños.

El primer paso es la escolarización gratuita de los menores en centros de infantil y primario de la Comunidad de Madrid, además de plantear soluciones y alternativas en el entorno en el que se encuentra el menor, evitando en la medida de lo posible la toma de medidas de protección y delimitando la intervención a ayudas sociales y/o educativas con el fin de no separar a los niños de su ambiente familiar, si procede.

En la Comunidad de Madrid, dentro de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, se encuentra la Comisión de Tutela de la Dirección General de la Familia y del Menor, que es el órgano colegiado y cuyas funciones son:

   - Asumir y ejercer, en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, las medidas de protección de los menores y cuantas otras decisiones deban adoptarse, atendiendo siempre al interés superior del menor, en los términos establecidos en la legislación vigente. 

   - Declarar la idoneidad y aceptación de ofrecimientos de los solicitantes de adopción nacional e internacional y acogimiento familiar. 

  - Establecer orientaciones y criterios generales para el mejor ejercicio de las actuaciones de protección de los menores residentes en la Comunidad de Madrid.

Por tanto, será el responsable de decidir la urgencia Social de los menores en riesgo social.

Fue en el año 2014 cuando este órgano firma con la Dirección General de Educación Infantil y Primaria un acuerdo por el que se pretende dar solución a estas situaciones familiares excepcionales.

Quien realiza el análisis de estas situaciones de riesgo serán los servicios sociales municipales, quienes, por ser la administración más próxima a los ciudadanos, conocen la problemática que viven las familias en ese entorno.

Así, los servicios sociales presentan la solicitud a la Comisión de Tutela del Menor, que será quien dictamine la situación de “urgencia social”.

El director de los servicios sociales recibirá la solicitud junto con un informe social y una propuesta de 3 centros públicos, ordenados por prioridad y cercanía al domicilio.

La Comisión de Tutela del Menor remitirá entonces al centro el dictamen de Urgencia Social y la documentación pertinente.

Los niños con este dictamen serán escolarizados en un centro de primer o segundo ciclo de Educación Infantil de la Comunidad de Madrid, y estarán exentos del pago de cuotas de escolaridad y comedor a partir del momento de emisión del dictamen.

Será la Dirección General de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación quien abonará el importe comedor escolar.

Los últimos datos con los que contamos son del ejercicio 2014 en el que se realizaron un total de 179 Dictámenes de urgencia Social en la Comunidad de Madrid, en lo que se concedieron 114 exenciones de pago del comedor escolar con plaza escolar incluida, y 65 exenciones de pago del comedor escolar incluida la plaza escolar, aunque ya la estaban ocupando con anterioridad. De la totalidad de dictámenes, 136 plazas fueron otorgadas en escuelas infantiles y 43 en CEIP.

El seguimiento de la plaza concedida será realizado de forma conjunta por los servicios sociales municipales, la dirección de la escuela y el trabajador social del equipo de Atención Temprana de la zona.

Los centros de la Comunidad de Madrid que tengan matriculados niños en situación de urgencia social podrán superar la ratio hasta en 2 plazas por encima de la capacidad total del centro.

La educación y la igualdad de oportunidades

La educación es uno de los campos de actuación de los poderes públicos que, tanto por sus beneficios económicos como sociales, se considera uno de los pilares fundamentales para la sociedad.

Se considera que el nivel educativo es un elemento principal para la igualdad de oportunidades, pues afectará de manera fundamental a la empleabilidad de la persona y a su nivel de ingresos, evitando así la exclusión social.

Está demostrado que las situaciones de pobreza son transmitidas generación tras generación, por lo que la educación se convierte en una variable que determinará la reproducción o la reversión de esa pobreza.

Casi 12,9 millones de personas en España, un 27,9% de la población total, viven en riesgo de pobreza y exclusión y, a pesar de que en 2015 y 2016 esta cifra se redujo en un punto porcentual, aún estamos muy lejos de cumplir con el compromiso europeo de reducirlos en 1,5 millones para 2019.

Pero este dato es aún más alarmante si nos referimos a los menores, entendidos éstos como la población de 0 a 18 años. Es este intervalo de edad, el porcentaje de población que se encuentra en situación de pobreza y exclusión social alcanza el 32,9% de esta población.

En Madrid, según un informe publicado por el Ayuntamiento de la capital con datos de cierre de 2016, un 28% de las familias madrileñas se encuentran en esta situación.

Es por ello por lo que los servicios públicos están obligados, entre otros, a garantizar el acceso y la permanencia en la educación a los menores en situación de mayor vulnerabilidad, ya que de otra forma se estarían perpetuando en el tiempo su situación de exclusión social.

Como profesor, ¿te habías planteado alguna vez que tenemos la posibilidad de conseguir reducir los niveles de pobreza a través de nuestra diminuta y casi imperceptible aportación en la educación?

Porque, aunque no lo creas, de todos nosotros depende que un niño se motive con la escuela y sea capaz de romper con las estadísticas y acceder, independientemente de su origen social y situación económica y familiar, a un mundo lleno de posibilidades… porque todo el mundo se merece una oportunidad en la vida… y en nuestra mano está que esa oportunidad se vuelva real.